Preso de un fuerte agobio político, sembrado de contradicciones por el pánico al tiburoneo financiero y al desastre electoral, y condicionado por las dificultades técnicas que presentan algunos de los recortes anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero ante el Congreso de los Diputados, el Consejo de Ministros no aprobará hasta el próximo jueves la primera fase del mayor plan de ajuste que conoce España desde la cura de caballo de 1959, el Plan de Estabilización de Alberto Ullastres, Joan Sardà Dexeus y Enrique Fuentes Quintana, que salvó a España de la bancarrota falangista.
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El retraso, según fuentes oficiales, obedece a la complejidad en el recorte de la nómina de los funcionarios. La Administración necesita unos días más para determinar cómo repercute la anunciada disminución del 5% en la estructura de los salarios. Todo ha ocurrido muy deprisa, conforme al signo de los tiempos. Muy deprisa. El plan anunciado el miércoles por el presidente del Gobierno se acabó de decidir el lunes, jornada en la que España quedó de facto intervenida por el Directorio Europeo, bajo la atenta vigilancia de las dos primeras potencias del mundo, Estados Unidos y China. Esta es la clave: la política económica española ha sido intervenida por el Directorio Europeo (Alemania, Francia, Benelux y norte de Italia), con parpadeo de luces rojas en la Casa Blanca de Washington y en el Palacio del Pueblo de Pekín. Este es el centro del cuadro y a partir de ahí se entiende todo.
El joven abogado leonés que hace seis años conquistó de manera fulgurante la presidencia del Gobierno español nunca podía haber imaginado emociones más fuertes. Entre el lunes y el martes, Rodríguez Zapatero tuvo que atender la llamada de los dos políticos más poderosos del planeta, el presidente estadounidense Barack Obama y el primer ministro chino Wen Jiabao, ambos muy preocupados por la estabilidad del euro. El lunes por la noche no había margen para ninguna finta más y Zapatero tuvo que cargar con la enorme responsabilidad de negarse a sí mismo ante el Parlamento y ante millones de telespectadores. A consecuencia de ello, el Gobierno se halla hoy en estado de shock y un sector del PSOE –el que sigue con mayor devoción la doctrina norteamericana de los cuadros mentales y las metáforas ideológicas– busca un gesto paliativo. un gesto capaz de perforar los telediarios, un gesto que enerve a la derecha, un gesto justiciero: la subida de los impuestos a las rentas más altas.
Los directivos más experimentados del aparato económico gubernamental dicen, sin embargo, que no, que no es el momento: se podrían generar nuevas desconfianzas en los mercados financieros internacionales, echando por la borda el efecto estabilizador de los sacrificios sociales anunciados, y podría estimularse la fuga de capitales en un momento muy delicado para el país. "No es el momento de jugar con Georges Lakoff a Robin Hood", sostienen veteranos socialdemócratas.
Rodríguez Zapatero lo insinuó el mismo miércoles en el almuerzo que mantuvo con los presidentes autonómicos socialistas (comida a la que no asistió el presidente de la Generalitat, José Montilla) y ayer por la mañana el vicepresidente tercero Manuel Chaves, esencia del socialismo andaluz, intentó convertir el "más impuestos para los ricos" en la gran bandera de la jornada. La vicepresidenta Elena Salgado le salió al paso, señalando que tal medida no figura entre las previsiones inmediatas.
Zapatero no tiene previsto intervenir públicamente hasta el próximo domingo. En aquel momento ya dispondrá de las primeras encuestas sobre el impacto del ajuste en la opinión pública. Hasta el Consejo de Ministros del jueves, el líder del PSOE dispone de cinco días para intentar modular la partitura. Cinco días, en las actuales circunstancias, son cinco siglos. Ni en la más apurada de las coyunturas, el de León renuncia al regate.
La partitura, sin embargo, podía haber sido de percusión mucho más contundente. El Ejecutivo barajó el lunes incluir en el ajuste el copago sanitario (una cuota por las visitas médicas y las operaciones quirúrgicas) y el alza del precio de los medicamentos dispensados por la Seguridad Social (hoy gratuitos para los pensionistas y muy rebajados para los cotizantes activos). La medida, de gran impacto social, fue provisionalmente descartada. Se mantiene en cartera, mientras avanzan, entre tambores de huelga, las dos reformas de mayor calado estructural: el futuro de las pensiones a diez años vista y el cambio de la contratación laboral. La segunda fase del ajuste.
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